El pasado 8 de abril, el Congreso de los Diputados a través de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico aprobó el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Una nueva y futura normativa que irá dirigida a la rehabilitación de los edificios, el impulso de las energías renovables en el país, la apuesta por la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como la importancia de destacar la eficiencia energética como parte de un modelo más sostenible.
El siguiente paso, tras esta aprobación administrativa, es que ese proyecto de ley pase ahora al Senado donde deberá continuar toda la fase relativa a la tramitación parlamentaria y sin necesidad de pasar previamente por el Pleno del Congreso.
Uno de los puntos clave de esta normativa tendrá que ver con el fomento de la renovación y rehabilitación de los edificios que ya hay hoy en día, tanto públicos como privados, para de esta forma conseguir llegar a un límite de alta eficiencia energética y descarbonización para dentro de unas tres décadas. Por ello, desde el Gobierno central deberán elaborar un Plan de Rehabilitación de Viviendas y Renovación urbana en un plazo que no exceda de los seis meses.
Otro de los puntos fuertes tiene que ver con el desarrollo rural y el despliegue de las energías renovables por la zona. Una extensión que deberá hacerse según parámetros de una adecuada conservación del patrimonio natural y según la ordenación territorial.
También, con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, los responsables públicos tienen el encargo de fomentar la mejora del conocimiento sobre los efectos del cambio climático en la salud pública, además de comunicar las iniciativas que se vayan a realizar para su prevención.
Esta parte también será de vital importancia a partir de ahora con este nuevo marco legal. Así pues, y en relación a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética, esta norma establece varios objetivos mínimos nacionales para el año 2030:
Junto a todo esto, en España se deberá conseguir en el año 2050 como máximo la neutralidad climática y que el sistema eléctrico esté basado solo en energías renovables.
De la misma manera el texto prevé que se adopten las medidas necesarias, de acuerdo con el resto de Europa, para que los vehículos reduzcan poco a poco sus emisiones con el fin de que para el año 2040 los vehículos sean de cero emisiones.
En este mismo sentido, todas aquellas localidades de más de 50.000 habitantes deberán contar con un plan de movilidad urbana sostenible para antes de 2023.
