Falta menos de un año para que los hogares españoles con calefacción central dejen de pagar en función del gasto total de los vecinos, y que cada uno pague justo por lo que consume. Antes de mayo de 2023, 1,5 millones de viviendas tendrán que contar con dispositivos (contadores y repartidores) que midan el consumo en los edificios que tienen calefacción centralizada.
Tras la aprobación del Real Decreto por el que se regula la Contabilización de Consumos Individuales de Calefacción aprobado en agosto de 2020, las comunidades con calefacción central han disfrutado de un plazo de tiempo suficiente para acometer la instalación de repartidores de costes que individualicen el consumo de calefacción de cada hogar.
Pero a tan solo 11 meses de que sea obligatorio, bajo riesgo de sanciones de entre 1.000 y 10.000 euros, solo el 20% de las comunidades que han de llevar a cabo la instalación, la han abordado. Según Ignacio Abati, director general de ISTA, “esperábamos que la instalación de contadores fuese mucho más escalonada a lo largo de los últimos dos años, pero estamos viendo que la gran mayoría de las comunidades han dejado este trámite para el final”.
ISTA advierte del posible cuello de botella que se puede producir cuando, según vayan avanzando los meses, las fincas tengan que adaptar su calefacción a la nueva normativa. “Solo 250.000 viviendas en España, aproximadamente, ya han dado el paso y están disfrutando de ahorros de hasta el 30% en su factura de calefacción. 1,3 millones de viviendas deben asumir la instalación de repartidores cuanto antes para evitar un atasco final, que les deje en situación de ilegalidad”, asegura Abati.
Las comunidades autónomas más previsoras han sido Asturias con un 36% y Navarra con un 31% de viviendas que ya cumplen con la normativa. En el lado contrario Galicia con un 9%; Castilla La Mancha con un 14% y Madrid con un 15% son las más rezagadas. En las provincias más frías de España (Zona E) como Ávila, Burgos, Soria y León, desde este mes de mayo las comunidades con calefacción central sin sistemas para repartir el consumo se arriesgan ya a inspecciones y multas. En octubre, la obligación se extenderá a un gran número de provincias, todas las situadas en la zona E (resto de provincias de Castilla y León, Madrid, Navarra y todas las de Castilla La Mancha o Aragón, entre otras). El calendario finaliza el próximo mes de mayo con las provincias de la zona climática C, que engloba casi toda la cornisa cantábrica y parte de Cataluña. Las zonas A, B y alfa (litoral mediterráneo, casi todo Andalucía, Canarias y Baleares), quedan exentas.
